Se cerró ayer el primer capítulo de una historia que comenzó el 29 de marzo de 1994, a las 17.25:la Justicia condenó al ex empleado de Metrogas Miguel Angel Bevilacqua a tres años de prisión en suspenso por el delito de estrago culposo. En otras palabras, lo juzgó responsable por la deflagración que, en pleno microcentro, destruyó el polígono de tiro Shooting Baires y causó la muerte de nueve personas.
Se trata sólo del primer episodio, se insiste. Ocurre que los patrocinantes de una de las víctimas mortales y del dueño del polígono esperan que la sentencia penal agilice la demanda que entablaron a la empresa de servicios por considerarla responsable civil de aquella deflagración.
José Ismael Sarrichio, propietario de Shooting Baires, pidió un resarcimiento por un monto de 11 millones de pesos. El hijo de Jorge Herrera Vidal, la única de las víctimas que llegó como querellante al final del juicio y que no suscribió un acuerdo extrajudicial con La Buenos Aires Seguros -aseguradora de Metrogas y prosecutora en las demandas-, reclama $ 500.000 como indemnización.
Ambos esperan que, ahora que hay una condena en juicio por la causa penal, la justicia civil les dicte un fallo favorable en primera instancia. Esa sentencia por el resarcimiento, dijeron sus patrocinantes, podría ser dictada antes de fines de este año.
Episodio dos
Pero, en especial, los abogados de los querellantes esperan que la Justicia no se detenga sólo en la condena a Bevilacqua.
Tanto Marta Macías -por Herrera Vidal- como Miguel Angel Pierri -letrado de Sarrichio- dijeron a La Nación que esperan que se investigue la cadena de responsabilidades que, afirman, excede a Bevilacqua. Además, reclamaron que se esclarezca el eventual encubrimiento que provocó una demora de seis años y medio en el juzgamiento del caso.
“Estoy conforme con la condena a Bevilacqua, pero él no es el único responsable. Ya nos presentamos como querellantes en la causa por encubrimiento y responsabilidad gerencial”, aseguró Pierri. El caso Metrogas II, como lo definió el letrado, está en manos del juez Guillermo Karam.
La empresa Metrogas desistió ayer de opinar sobre la resolución penal que, en juicio oral y público, alcanzó a Bevilacqua, ex empleado de la empresa. “Metrogas se mantuvo al margen del proceso porque no fue la empresa la juzgada sino una persona que trabajaba como reclamista. Por eso, no vamos a opinar sobre el fallo”, dijo anoche a La Nación Virginia Gatti, jefa de prensa de la empresa. Allegados a la representación legal de la compañía confiaron ayer que Metrogas no está de acuerdo con el fallo.
En el debate dirigido por los jueces Oscar Rawson Paz, Rodolfo Urtubey y Alejandro Becerra se dio por acreditado que, cinco horas antes de la catástrofe, Bevilacqua concurrió al lugar del hecho para atender una denuncia de escape de gas. Y que pese a haberlo constatado, no cerró el paso del fluido en el medidor, algo que podría haber evitado la tragedia.
Según surge del debate, la deflagración fue producto de una mezcla reactiva de gas y aire, a raíz de una importante acumulación de gas provocada por aquella pérdida. Metrogas siempre sostuvo que se trató de la explosión de pólvora incombusta.
El tema es central. Según la abogada Macías, la empresa tardó 17 horas en atender la denuncia por olor a gas -síntoma de un escape- y empleados de un video club lindero al Shooting y personal de la estación Uruguay del subte dijeron entonces que hacía tres meses sentían olor a gas.
En su alegato, el fiscal Clorindo Mendieta sostuvo que Bevilacqua “fue negligente, incumplidor o imprudente, pero no malvado”. Pidió para él tres años de cárcel y el tribunal le dio la derecha. El defensor del ex reclamista, José Buteler, apelará el fallo. Y los querellantes irán por más.
