Lo acusan por intimidación pública y por aplicación de la ley antiterrorista por lo mismo. No le pudieron probar nada y nadie se sintió amenazado por sus tuits. Pero sigue preso desde hace casi dos meses. Amicus curiae de APP y CPM.
Mañana, la Cámara Federal resolverá mañana si Miguel De Paola, de 21 años, sigue libre o detenido con preventiva por la alteración pública que jamás cometió. De Paola lleva preso más de 50 días sin que se haya demostrado nada de lo que lo acusan, más allá del acto de estupidez de tuitear amenazas de posibles atentados a la Casa Rosada, al subte, y al shopping del Abasto, desde una cuenta creada como @HassanAbuJaaf, con el hashtag #PrayForArgentina (reza por Argentina). La Asociación Pensamiento Penal presentó un amicus curiae, al que adhirió la Comisión Provincial por la Memoria, cuestionando la aplicación de la ley antiterrorista ya que no hay ninguna prueba que relacione al joven con actos terroristas y porque no produjo ninguna alteración en el orden público. Según la última declaración de Macri, correspondería que De Paola reflexione los ecos de sus tuits en familia.
El último fin de semana de julio, los jóvenes Walter Ovejero y Miguel De Paola, de 21, fueron detenidos tras vincularlos a una cuenta @HassanAbuJaaf, desde la que enviaron fotos de posibles objetivos de atentados en Buenos Aires, como un subte, el shopping del Abasto y la Casa Rosada, todos con el hashtag #PrayForArgentina (reza por Argentina). También dejaron mensajes en lenguaje arábico mal escrito y mostraron fotos de combatientes del Estado Islámico con armas (fotos que cualquiera puede tomar de la amplia batería mediática sobre el tema). Cuando fueron detenidos, las fuerzas de seguridad pudieron establecer la baja seriedad de las amenazas (“dos jóvenes aburridos que no sabían qué hacer”, fue la descripción del jefe de la División Cibercrimen de la Metropolitana, Carlos Rojas).
Más alteración del orden provocó la ministra de Seguridad cuando convocó a una conferencia de prensa y, con rostro ceñudo, informó sobre la desarticulación de la célula de twitteros, que los dos jóvenes con sus supuestas amenazas de atentado. “Queremos transmitirle tranquilidad a la gente –aseguró Bullrich– y que sepa que hay un gobierno nacional, una Justicia y una policía trabajando en un solo equipo para evitar que estas cosas pasen. A los que utilizan las redes sociales para intimidar o amedrentar, sepan que los vamos a buscar uno por uno”, arremetió Bullrich. A uno (Ovejero) lo excarcelaron a los pocos días. A De Paola, el otro tuitero, lo dejaron adentro.
La peligrosidad de su figura es dudosa, tanto para la realización de sus amenazas como para entorpecer el camino de la justicia que, por el momento, no probó siquiera que supieran árabe correctamente.
A De Paola se le aplica el artículo 211 del Código Penal: “Será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos.” Pero, al mismo tiempo, con motivo de las amenazas públicas también le aplicaron el artículo antiterrorista, que prácticamente es un calco del 211: “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo.”
La APP con adhesión de la CPM presentó un amicus curiae en el que insiste en el que cuestiona el artítulo 41 quinquies (antiterrorista) por “la falta de adecuación del agravante aplicado (…) por su vaguedad e indeterminación, posibilita su aplicación de manera arbitraria”. Al analizar los tuits tuvieron “el fin de aterrorizar a la población” sostiene que “no se encuentra acreditado en la causa –porque no existió– perjuicio alguno ocasionado por De Paola en lo que hace al bien jurídico que la norma intenta proteger al agravar las penas cuando la conducta afecte la tranquilidad de la población argentina”.
Según Gonzalo Freijedo de APP, que trabajó en la redacción del amicus, “no se cumple el supuesto objetivo, la población no se alteró. El gobierno no cerró el subte, la gente lo siguió tomando, fue al shopping y el presidente no modificó en nada su agenda. Pero además no se le encontraron vínculos con ninguna organización, ni siquiera los están investigando ahora”. Si el 41 quinquies no se aplica, no hay agravamiento con lo que el delito es excarcelable. Pero, además, el delito es inexistente.
“Agravan dos veces por lo mismo –dijo a Página/12 Adrián Martin, presidente de APP–. Lo que hicieron estos pibes está más cerca de lo que es una protesta que de un atentado terrorista. No se probó ninguna afectación posible. De nuevo el derecho penal es una herramienta de disciplinamiento”.
Como recomendó Macri anteriormente, De Paola, que no mató a nadie, debiera estar reflexionando en familia mientras la Justicia decide qué fue lo que pasó.
FUENTE: pagina12.com.ar